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Finocchiaro: “Es inconcebible que el Estado conviva con actos propios de prácticas mafiosas”

Los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias y Soher El Sukaria presentaron proyectos vinculados a las acciones de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATILRA, que traban la operación de la empresa desde la semana anterior.

Imagen del bloque al establecimiento Lácteos Vidal

Son tres las iniciativas de los legisladores: un proyecto de repudio a los hechos que aún se desarrollan en la localidad bonaerense de Moctezuma, a treinta kilómetros de Carlos Casares, y cierran los canales de abastecimiento de insumos del establecimiento Lácteos Vidal; un pedido de información dirigido al Ministerio de Trabajo de la Nación para conocer los criterios que justifican la homologación reiterada de aportes extraordinarios de las empresas a las organizaciones sindicales, como los que obtuvo ATILRA; y un proyecto de ley que prohíbe el bloqueo como método de protesta sindical.

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“Resulta inconcebible que un estado de derecho conviva indolente con actos que son propios de prácticas mafiosas. No podemos tolerar que plantas productivas, comercios y hasta ciudades sean bloqueadas por grupos de choque sindicales. Nuestra sociedad, nuestro sistema jurídico, no debe confundir el constitucional derecho a huelga con la coacción, con el apriete para obtener recursos y beneficios”, enfatizó Finocchiaro.

Situaciones como las que padece la planta de Lácteos Vidal en la provincia de Buenos Aires se está convirtiendo, lamentablemente, en una acción habitual, en una herramienta para dirimir diferencias o, simplemente, para arrancar ventajas indebidas”, precisó Finocchiaro al señalar los aportes adicionales que la organización sindical obtuvo de los empleadores para OSPIL, la obra social. ATILRA terminará de recibir en diciembre $41.000 por cada trabajador abonados por el empleador. Esto, insostenible para las pymes lecheras, le brinda el manejo discrecional de $ 7.700 millones extras este 2022. Precisamente, conocer los fundamentos que permitieron incluir estos fondos adicionales en el acuerdo alcanzado entre ATILRA y el Centro de la Industria Lechera el 18 de noviembre de 2021 es el principal foco del pedido de informes, así como los recaudos exigidos por el Estado para la administración, el destino y la rendición de cuentas de esos aportes.

Son más de 50 millones de dólares, al cambio oficial, que el sindicato, no los trabajadores, le quitan al sector productivo, a los que crean empleo, y por los que no hay ningún tipo de justificación. Es el modelo que Al Capone aplicaba en Chicago hace 100 años”, agregó.

Cabe recordar que OSPIL recibe otros $30.000 millones de los trabajadores y la patronal a partir de los porcentajes establecidos para la cobertura de salud. Las prestaciones que reciben los afiliados no están a la altura de estos montos. Estos fondos regulares más los extras mencionados anteriormente posibilitan, entonces, que la organización sindical maneje a través de su obra social más de $37.000 millones este año.

No es menor tampoco considerar, en esta especial coyuntura económica, que estos hechos violentos -los bloqueos no pueden calificarse de otra manera- impactan severamente en la factibilidad de sostener o aumentar los puestos de trabajo y la agregación de valor de las estructuras productivas. No podemos, a 39 años de la recuperación de la democracia, aceptar que la fuerza sea un instrumento válido para resolver disensos”, dijo Finocchiaro, al recordar que la empresa debió, a raíz de la creciente conflictividad sindical, acotar su operación disminuyendo casi un 30% la planta empleada.

El proyecto de ley presentado prohíbe el bloqueo de establecimientos o plantas de producción, de servicios o logística como método válido de protesta sindical. Considera bloqueo a la conducta desarrollada por asociaciones sindicales o grupos organizados que, por medio de la fuerza, amenazas, coacción u otros medios ilícitos impidan el normal funcionamiento de una empresa, impidiendo a sus trabajadores el desempeño de sus tareas.

Exhortamos al Estado, en sus diferentes niveles y reparticiones, a poner fin a esta situación puntual y a todas las que reproduzcan lógicas extorsivas, poniendo en marcha toda su capacidad para reprimir los delitos que se están cometiendo”, concluyó.

María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo acompañan los proyectos, del mismo modo que Pablo Torello y Hernán Lombardi, entre otros diputados.

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