Por Juan Carlos Oliveto do Santos
A lo largo del tiempo hemos escuchado a políticos, economistas y periodistas, hablar acerca de las Pymes y su problemática. Sin embargo, muy pocas han sido las propuestas para favorecer su crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cuál es el problema que conlleva a que en Argentina la tasa de mortalidad de las PyMEs sea tan alto? Las causas que originan esta elevada tasa de mortalidad (el tiempo promedio de duración de una empresa en argentina es de tres años) es, como mínimo compleja, ya que engloba múltiples factores.
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Antes de avocarnos a resolver el enigma planteado anteriormente, debemos saber de qué hablamos cuando hacemos referencia a las PyMEs. Por definición, Una PyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades (comerciales, servicios, industria, minería o agropecuario) en el país. En la Argentina, sobre el total de las empresas, la composición de las mismas es la siguiente:el 83% son microempresas; 16,8%, pequeñas y medianas empresas, y solo 0,2% grandes compañías.
No obstante, el dato más revelador es el siguiente, las PyMes concentran el 66% de la fuerza de trabajo y el paso a ser exportadoras es una gran deuda pendiente en la Argentina. Entonces, si el 99% de las empresas en el país son PyMEs, ¿cómo es posible que no haya políticas de Estado sostenibles a lo largo del tiempo para que éstas puedan crecer y desarrollarse en un contexto favorable? La pregunta toma mayor vigor si agregamos que las pymes son las mayores generadoras de empleo y por ende la única salida viable para salir del atraso y la pobreza.
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Describir las causales de mortalidad de las empresas no es tarea sencilla, son muchos los factores que afectan a su normal funcionamiento y desarrollo. Dentro de las principales causas se encuentran el nivel de presión tributaria y la falta de financiamiento.
La presión tributaria es el porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al producto bruto interno. Es decir, es el porcentaje del PBI recaudado por el Estado en concepto de impuestos, tasas y otros tributos. En Argentina, se calcula que la presión fiscal ronda el 32%, ubicándola muy por encima del promedio de América Latina que se ubica en torno al 22% del PBI.
En materia de presión fiscal, argentina supera a muchos países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. Sólo en Europa se observan guarismos mayores, con algunos países superando el 45% del PIB. El problema de la elevada tasa de presión se agrava cuando por parte del Estado no hay contraprestación, cuando los impuestos que las empresas pagan no vuelven en forma de infraestructura y financiamiento. la infraestructura es necesaria para despachar la producción en tiempo y forma, reduciendo los costos de logística, por ejemplo.
Por otra parte, el financiamiento, es necesario para adquirir bienes de capital, que permiten reducir los costos de producción, posibilitando las exportaciones de lo producido, que, en definitiva, se traduce en mayores ingresos en dólares para el país. En definitiva, la elevada tasa de presión fiscal sin la debida contraprestación, sumada al excesivo costo laboral (la carga impositiva sobre el salario de un empleado) y presión por parte de sindicatos, que lo único que quieren es recaudar y poco se preocupan por el bienestar o la continuidad laboral de sus afiliados, trae como consecuencia el informalismo. A partir de este momento la espiral es negativa y entra en un círculo vicioso. El estado deja de recaudar y necesita más impuestos para mantener el mismo nivel de gasto.
Entonces, si sabemos esto, ¿cómo es posible que no podemos cambiar el rumbo para entrar en una espiral ascendente que refleje un circulo virtuoso? La respuesta es la política o mejor dicho la falta de políticas de Estado que posibiliten trazar un camino a seguir que sea sostenido a lo largo del tiempo. Es primordial reducir el gasto público, ordenar el Estado y acordar políticas laborales que sean beneficiosas tanto para los empleados como para los empleadores.
Debemos generar políticas de empleo para poder ir absorbiendo de a apoco aquellas asignaciones no contributivas, convirtiéndose las mismas en empleos formales. Para lograr estos objetivos, es fundamental plantear una reforma tributaria de fondo, integral, con impuestos progresivos y eliminar los impuestos distorsivos. Plantear una política de estado no es más ni menos que dejar de tapar agujeros para pasar a realizar trasformaciones de fondo que permitan el desarrollo económico y social del país. Para ello se requiere voluntad y grandeza política. Solo así podremos recuperar el país que fuimos y tener que país que soñamos.
*El autor es Contador con un Post-Grado en Procedimiento Tributario y Previsional. También se desarrolla como docente universitario.
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