Por Juan Negri
En el Perú no existe un sistema de partidos institucionalizado. Etiquetas partidarias pasajeras se presentan a elecciones en torno a ciertas figuras, para desaparecer en la próxima elección. Aquí no existen organizaciones partidarias con legitimidad popular ni raíces sociales.
El resultado de esto es una gran crisis de legitimidad entre la ciudadanía, mucho malestar, altos niveles de indiferencia y una enorme crisis de gobernabilidad. Esta última se explica también por una regla que permite al Congreso remover al Presidente con facilidad. En un contexto donde ninguno cuenta con mayorías consolidadas en el parlamento ha resultado en una muy alta inestabilidad.
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En las últimas semanas, Keiko Fujimori parece haber recortado la diferencia. Perú parece haberse inclinado por un “mejor malo conocido”. Ambos candidatos son ideológicamente extremos, desconfiados de la democracia liberal y extremadamente conservadores en temas sociales. Pero Keiko parece menos un salto a lo desconocido que Castillo.
En cualquier caso, el elegido tendrá que lidiar con un parlamento ultra-fragmentado y personalista (debido al sistema electoral preferencial), una crisis sanitaria y serios desafíos en relación a la estabilidad y gobernabilidad. Ambos obtuvieron apenas el 32% de los votos en la primera vuelta, lo que sugiere que ninguno será un Presidente legitimado que goce de una luna de miel.
Si nos basamos en los principales factores que desafían a los Presidentes latinoamericanos, Keiko Fujimori podría ser más proclive a enfrentar crisis de gobernabilidad. No solo contaría con apoyos minoritarios en el parlamento (al igual que Castillo) sino además en su caso el antifujimorismo sigue siendo muy fuerte. Si a esto le sumamos las laxas reglas de remoción del Ejecutivo, llegado el momento de enfrentar algún tipo de crisis durante su gobierno su situación es muy débil. Fujimori se encuentra además en gran desventaja en relación a su rival ya que la fiscalía peruana acusa a la candidata presidencial de lavado de activos y otros delitos por presuntamente recibir dinero ilegal para financiar sus campañas.
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El Congreso y la sociedad civil en un futuro podrían unirse para desafiarla si hay buena evidencia de corrupción o escándalos que involucran a su figura. Castillo, por su parte, no se encuentra en una situación mucho mejor. Su extremismo le hará difícil encontrar apoyos parlamentarios. Su política económica podría ser suicida en contextos de fragilidad como el que vive la región.
También corre el riesgo de ser un presidente muy minoritario expuesto a amplias protestas sociales, el nuevo “poder moderador” de la policía latinoamericana. El futuro es siempre una incógnita. Pero a juzgar por la historia reciente peruana y lo que sabemos sobre la inestabilidad política regional, es posible imaginar que la combinación de descontento, escándalos de corrupción (que en el caso de Fujimori la dejarían muy expuesta) y fragilidad parlamentaria resulten en un cóctel que puede ser explosivo. En este sentido, es difícil pensar en que el futuro Presidente termine el mandato de cinco años fácilmente.
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