Si hay algo que no se le puede negar al argentino es su ganas de emprender y apostar por el país. Pero con las recurrentes crisis económicas esos sueños de desarrollo productivo en muchos casos se ven frustrados por las trabas que a nivel local se imponen y que hace que muchos inversores, desde una pequeña pyme hasta una multinacional se abstengan de invertir o de seguir aumentando su producción local. Ahora la pregunta es: ¿Por qué ocurre esto?

Por Tomás Artinián

La Argentina desde 2008 con la estatización de Aerolíneas Argentinas y luego en 2011 con la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha entrado en un espiral de decrecimiento sobre las inversiones a nivel local debido a la desconfianza que estos movimientos de cuestionable ejecución produjeron sobre los inversores extranjeros. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mientras que el aumento de las inversiones sobre Latinoamérica fue de un 31%, a la Argentina solo le correspondió un 3% del total, mientras que a Brasil un 43%.

La diferencia radica en el rumbo ideológico en lo económico que tomo cada país. Brasil con una economía pro mercado y la Argentina de entonces bajo un modelo influenciado por las ideas populistas que hoy vemos nuevamente implementadas bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Para el 10 de diciembre de 2015 el estado de situación del país era bastante difícil. El electo presidente Mauricio Macri recibiría un país con un 29% de pobreza, un dólar con una cotización muy atrasada debido al cepo que lo contenía, una deuda pública de US$240.665 millones con vencimientos muy próximos, un cierre a las importaciones muy restrictivo y una gran desconfianza de los inversores sobre el país. La pregunta aquí seria: ¿Alberto Fernández nos propone insistir sobre un modelo de restricciones y sometimiento impositivo que dejo al país bajo estos índices? y la respuesta hasta ahora parece ser afirmativa.

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Con la crisis económica actual producto de las decisiones tomadas por el equipo económico del gobierno frente a la cuarentena, volvió una ola de delitos entre los que se encuentran las tomas de tierras que en muchos casos, según denuncian vecinos de Moreno y Avellaneda, son impulsadas por representantes municipales alineados con el Frente de Todos. La postura tomada por el Ejecutivo Nacional frente a esta problemática fue de poca ayuda para los propietarios afectados.

Declaraciones como las de Axel Kicillof, quien es gobernador de la provincia más afectada por esta problemática: «La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra”, además de no responder de manera contundente a favor del propietario, están cargadas de un discurso de división social, casi fomentando un odio de clase para con aquellos que han logrado un nivel socioeconómico más alto. Lo curioso de estas declaraciones, es que los representantes del actual gobierno son en su mayoría ricos o residen en barrios donde el valor del metro cuadrado se ubica en los más altos no de Argentina, sino de América Latina.

La desigualdad social entre la dirigencia política actual y los ciudadanos es muy amplia. Mientras Lázaro Báez y Cristina Fernández tienen sus propiedades muy bien custodiadas por 500 gendarmes para resguardarse de las tomas. Los ciudadanos de a pie, aquellos que trabajaron toda su vida para comprarse su propiedad y que no tienen relación con el gobierno, tienen que recurrir a enfrentarse por sí solos con los usurpadores, verse encerrados en sus casas mientras de a poco le van tomando la propiedad como vimos en Moreno o buscar por la vía judicial una solución que dependa de la ideología del juez si fallará a favor o en contra de los verdaderos dueños.

Sumado a este contexto de sensación de injusticia actual. Hoy los juicios laborales son otra problemática para los propietarios de pymes y locales que ha ido creciendo a partir de 2010 a razón de un 12% anual, llegando a superar en 2015 la barrera de los 100 mil juicios, un 92% más que cinco años atrás. Aquellos que tienen una pequeña o mediana empresa son conscientes que detrás de estos juicios muchas veces hay un motivo económico más que una verdadera problemática laboral. Esto cambió en 2017 con la implementación de la ley N°27.348, de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se produjo un descenso de un 44,3% en la cantidad de juicios efectuados por trabajadores en unidades productivas y casas particulares. No conforme con esta tendencia que beneficia al sector productivo, que a través de este incentivo, se anima a contratar más empleados por la baja en el riesgo a contraer un juicio a futuro que ponga en vilo la continuidad de su emprendimiento. El gobierno presento a principios de este mes un proyecto que logró dictamen en la Comisión de Trabajo del Senado para ampliar los tiempos en los que se puede efectuar un pedido de juicio sobre un empleador, tensando aún más la relación entre el gobierno y el sector privado.

Sumado a esto, las obsoletas leyes laborales promovidas por parte del sindicalismo para no perder el negocio que los hace ricos a costa del sacrificio de sus afiliados, contribuye aún más al empleador a tomar la decisión de achicarse o mantenerse con la estructura que formo hasta ahora, dando como consecuencia el aumento de la desocupación y el empleo informal. No es casualidad el piso de 100 mil comercios cerrados que estableció la Cámara de Comercio para este año, ni la pérdida de 4 millones de empleos en 11 meses de gestión.

El gobierno ha dejado claro que su plan económico está orientado al aumento del gasto público financiado con mayor carga impositiva sobre trabajadores y empleadores que ya de por sí cuentan con una de las cargas impositivas más altas del mundo (106,3% sobre Pymes), cuando el promedio mundial es del 40,4%. Los resultados de estas medidas no tardaron en llegar y ya conviven con nosotros. Hubo un crecimiento de un 260% en la cantidad de locales en alquiler solo en Ciudad de Buenos Aires y hay colas de 6 cuadras en todo el conurbano para una o dos vacantes en locales gastronómicos.

Es hora entonces que la actual gestión corrija su rumbo y deje de ver cómo a través de “observatorios” silencia a aquellos periodistas que se animan a decir la verdad de lo que está pasando. El gran problema del gobierno está en que ante el pedido de respuestas del pueblo, ellos responden con ideología y ambigüedades a problemas que se resuelven empleando el sentido común y para suerte de la Argentina, hoy la ciudadanía se cansó de la promesa del tren bala y la Isla Demarchi y ya no soporta el relato, pide hechos, entonces trabajen por eso, por el bien de los argentinos.