Por Luis Pico

El régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura, sin que en esa afirmación quepan vacilaciones. En ello coincidieron diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y de partidos opositores al chavismo en Venezuela.

Durante el encuentro “Acto Radical – Venezolano”, en el que participaron los diputados Alfredo Cornejo, Lilita Puig, Gabriel Fidel y María Luisa Storani (UCR), y los parlamentarios Dennis Fernández, Williams Dávila, Adriana Pichardo y Rafael Ramírez Colina, además de describir la crisis que sufre ese país, analizaron las irregularidades que el Informe Bachelet, especifica, conllevaron a violaciones de derechos humanos e instituciones públicas deficientes.

“Lo que se ha vivido en Venezuela ha sido un desmantelamiento lento pero permanente de la institucionalidad republicana. Hay un régimen totalitario que eliminó la posibilidad de elecciones competitivas y que le quitó su personalidad jurídica a los partidos para dársela a traidores”, expresó Puig.

Cornejo, presidente de la UCR, señaló que si bien respaldan la posición del gobierno argentino para repudiar las calamidades que viven los venezolanos, el pronunciamiento pudo ser más contundente.

“Lamentamos que se haya querido limitar el apoyo al Informe”, dijo.

En ese sentido, Storani recordó que en 2019, cuando la Alta Comisionada para los Derechos Humanos publicó la primera parte de su informe, recientemente actualizado, los representantes radicales llevaron el documento ante el Parlasur.

“Propusimos hacer propio en el Parlasur el Informe Bachelet. Es un texto exhaustivo. En la primera parte se hablaba de falta de independencia en la Justicia, ahora hace énfasis en explotación sexual de niños y mujeres, y contra trabajadores en las minas de oro”, detalló.

Sin instituciones pero con pobreza y hambre

Los diputados venezolanos relataron parte de los problemas que afectan a los venezolanos, en situaciones que van más allá de la crisis política. A la persecución o intimidaciones para quienes disienten de Maduro, se suman el hambre, la pobreza, la presencia de grupos armados, narcotráfico y la mencionada explotación contra trabajadores por parte de los milites, como reseña el Informe Bachelet.

Williams Dávila, del partido Acción Democrática (AD), pormenorizó cómo son sometidos quienes viven o trabajan en el Arco Minero, un territorio más extenso que países como Panamá o Portugal, donde se hallan recursos como oro, bauxita o coltán.

“El poder está sometido a clanes. El Arco Minero está controlado por grupos irregulares como las FARC, ELN, Hezbollah. Lo que sacan de allí es un oro de sangre bañado por la explotación”, denunció.

Acusó a Maduro de mantenerse en el poder por motivos desligados a lo político o ideológico.

“No les interesa la gente. Se sostienen con el crimen organizado y el narcotráfico. Contra lo que luchamos es una organización criminal”, agregó.

Rafael Ramírez Colina, diputado por el estado Zulia, apuntó que su región ha sido la más afectada en la merma de servicios públicos como agua —indispensable para prevenir el coronavirus— y luz.

“La economía está paralizada. Es imposible trabajar con interrupciones eléctricas de 12 horas y racionamientos de combustible desde hace cuatro años, antes de que se impusieran sanciones”, describió.

Añadió que Zulia pasó de ser el principal productor venezolano de petróleo, carne y leche, a perder más de un millón de habitantes. Además es el lugar con más personal médico fallecido por coronavirus, con al menos 14 bajas.

Acerca de persecución contra la disidencia, Adriana Pichardo —militante de Voluntad Popular, el mismo de Juan Guaidó y Leopoldo López— denunció que pese la dictadura mantiene presos por motivos políticos a 529 personas, entre ellas, dos adolescentes. A ello sumó la desaparición de Hugo Marino, un buzo profesional del que no se tiene rastro desde 2019.

“Hace un año y tres meses lo detuvo la DGCIM [Inteligencia Militar] cuando aterrizó en el aeropuerto y desde entonces nadie sabe nada de él, ni siquiera si está vivo o muerto”, alertó.

Por su parte Dennis Fernández, de AD, puntualizó que los acontecimientos actuales son producto de atropellos que se perpetraron a lo largo de los años para socavar la democracia.

“En 2015 designaron un Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) exprés. Dictaron más de 100 sentencias contra la Asamblea Nacional (Congreso). En 2017 hicieron un primer asalto a la sede del Parlamento. Y desde entonces persiguieron a los partidos, los ilegalizaron”.

Juntos por la democracia

A lo largo del encuentro, parlamentarios radicales y venezolanos coincidieron en que Argentina y Venezuela son países que comparten lazos de hermandad en la lucha por la democracia.

Cornejo y Storani recordaron a dirigentes radicales que estuvieron exiliados en Venezuela durante la última dictadura, como lo están ahora miles de venezolanos que vinieron al país en búsqueda de libertad y mejores oportunidades.

En ese sentido, Gabriel Fidel, de la UCR, llamó a defender los derechos de los migrantes, especialmente en tiempos difíciles para la economía argentina por el Covid 19.

“Muchos quedaron sin trabajo, no tienen adonde ir, tampoco pueden volver. En la UCR no olvidamos lo que hay que hacer ni decir, por eso nuestra bandera es la democracia y los derechos humanos”.