María Elena Martin[1]

Quedarse en casa es la recomendación que los gobiernos han instalado para proteger a la población de la propagación del virus que produce la enfermedad del Covid 19, que hasta donde sabemos, tiene un alto grado de contagiosidad y ya ha provocado más muertes en el mundo que la gripe estacional. Sin embargo, quedarse en casa puede resultar peligroso para muchas mujeres y niñas, pues las “estructuras elementales de la violencia” no descansan ni en tiempos de coronavirus.

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Si en tiempos anteriores a la pandemia, las estimaciones de las Naciones Unidas señalaban que el 35% de la población femenina mundial ha sufrido o sufrirá en algún momento de su vida violencia de género, y que ésta ocurre preponderantemente en el seno del hogar, hoy esa población se halla en un alto riesgo, recluida en sus hogares junto a su abusador, malatratador o violador y tal vez, futuro femicida.

En efecto, los datos del Observatorio de las violencias “Ahora que sí nos ven” confirman que desde que se inició la cuarentena en Argentina, los femicidios han aumentado, y se registra uno cada 24 horas, de los cuales el 84% se produjo en casa de la víctima y en la mayoría de los casos, el asesino fue su pareja o ex pareja. También señala que el 25% de esas víctimas había realizado una denuncia previamente y el 8% tenía medidas judiciales que imponían restricción de acercamiento a las víctimas[2]. Asimismo, se constata que las llamadas a la línea 144 (de atención a víctimas) se han incrementado un 40% y la línea telefónica de emergencia 137, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registró un incremento del 67% en las llamadas de mujeres que pidieron ayuda en abril con respecto al mismo mes de 2019. En ese sentido, “el incremento de la violencia no nos ha sorprendido, es el desanudarse una violencia que estaba ya instalada en el sujeto”, dijo Eva Giberti, fundadora del programa Las Víctimas contra las Violencias en Argentina, bajo el cual funciona una línea telefónica donde las mujeres pueden llamar para reportar abusos (Agencia Reuters, 27/04/2020).

La violencia de género tiene un largo arraigo cultural, sin embargo su conceptualización, visibilización e ingreso en la agenda pública de los gobiernos es mucho más reciente. Las leyes que buscan prevenirla, sancionar a sus perpetradores y asistir a sus víctimas, llevan poco más de una década, pero su toma de conciencia a escala masiva no se dio en nuestro país hasta que la gran movilización de #NiUnaMenos, el 3 de junio de 2015 puso en agenda los femicidios bajo el clamor de construir ocnsensos para un nuevo Nunca Más. Este movimiento, que surge de una articulación a través de redes sociales y tiene reprecusión en toda la geografía del país, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se complete la reglamentación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que había sido sancionada en 2009. Precisamente los artículos que habían quedado sin reglamentación en el decreto Nº 1.011/2010 eran los que requerían asignaciones prespuestarias. Asimismo, se solicitaba que se hagan efectivas en las sentencias judiciales y se garantice la protección judicial de las víctimas, entre otros reclamos para lograr la erradicación de la violencia por razones de género.

Sin embargo, aún cuando luego de la movilización hubo un leve aumento del presupuesto en los programas de asistencia a las víctimas de violencia, no fue suficiente para avanzar en políticas públicas efectivas que atiendan el problema de manera integral. Según un informe de la ONG ELA, que comparó el presupuesto total del Consejo Nacional de las Mujeres con el Programa Fútbol para Todos, se pasó de “el equivalente a la transmisión de tres partidos de fútbol en 2010 al equivalente a doce partidos en 2015”. Mientras tanto, según datos del Obsevatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de la ONG La Casa del encuentro, los femicidios totalizaron 3.051 en los últimos once años (2008-2019), con 322 femicidios vinculados[3] y el impacto colateral de haber quedado 3.717  hijos e hijas  sin madre, de los cuales el 64% era menor de edad.

Volviendo al presente, si la cuarentena continúa encerrando a las mujeres con sus agresores, es evidente que el número de víctimas se incrementará. Y cuando hay víctimas es porque el Estado llegó tarde.

La clave para afrontar este problema es una combinación de políticas de corto y largo plazo. Como medidas inmediatas se debe articular en todo el territorio con los gobiernos provinciales y municipales, facilitar mecanismos para realizar denuncias y garantizar el monitoreo de los casos con denuncias judicuales realizada, entre otras. Pero las políticas públicas más fecundas serán las que pongan énfasis en la prevención. Para ello en su diseño deden incorporar la categoría de género de manera transversal a todas las acciones del Estado, poniendo el foco en los “intereses estratégicos” (Molineux) de género, que son aquellos que están orientados a remover las categorías patriarcales arraigadas en el derecho, en las instituciones y en la cultura, que configuran prácticas que inferiorizan a las mujeres e identidades sexogenéricas disidentes, factores claves de retroalimentación de las violencias.

En este sentido, hay dos leyes que pueden actuar para potenciar las políticas de prevención de las violencias. Por un lado, la Ley Micaela, que prevé la capacitación de los funcionarios del Estado,en sus tres poderes y en todos sus niveles. Esta ley es fundamental porque las insitituciones no son neutrales, sino que están “generizadas”, impregnadas de un orden social de género. Quienes son los encargdxs de aplicar las leyes, velar para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, deberán comprender el funcionamiento de la estructura patriarcal para no ser reproductores sociales de la violencia.

La otra ley clave es la Ley de Educación Sexual Integral, que aplicada con perspectiva de género y derechos, permite deconstruir críticamente relaciones que no están basadas en el respeto mutuo y reconocer las formas particulares de sufrir violencia que experimentan lxs sujetxs. La aplicación masiva de la ESI es la apuesta a largo plazo para revertir la configuración patriarcal de nuestras sociedades, porque no habrá #NiUnaMenos sin eficaz aplicación de la ESI.

Todo ello de haberse en concomitancia con medidas urgentes para resolver el problema aquí y ahora de las mujeres en el encierro, porque la violencia de género no está en cuarentena.

Fuentes:

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2016). “El valor de la igualdad de género”. Documento de trabajo. ELA y ACIJ.

Maffía, Diana (2020). Violencia de Género: ¿La otra pandemia?

Observatorio “Ahora que sí nos ven”. Twiter@ahoraquesinosv4.

Segato, Rita (2010). Las estructuras elementales de la violencia. Bs As.: Prometeo libros.

Sigal, Lucila Natalia A. Ramos Miranda, Ana Isabel Martinez y Mónica Machicao. «Otra pandemia»: violencia doméstica aumenta en América Latina durante cuarentena. Abril 27, 2020, Agencia Reuters.

Anexo: Tabla de evolución de los femicidios 2008-2019

Año	Nº femicidios	Femicidios vinculados (Hombres/niñxs)
2008	208	11
2009	231	16
2010	260	15
2011	282	29
2012	255	24
2013	295	39
2014	277	29
2015	286	43
2016	290	37
2017	295	24
2018	273	35
2019	299	20

Fuente: Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de la ONG La Casa del Encuentro

[1] Doctora y Licenciada en Ciencia Política, Experta en Género e Igualdad de Oportunidades. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad del Salvador. Miembro del cuerpo docente del INCAP.

[2] Entre el 20 de marzo y el 24 de mayo hubo 55 femicidios en Argentina.

[3] Desde La Asociación Civil La Casa del Encuentro, se desarrolló el término Femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición se registran dos categorías: Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego” y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.