Por Eduardo Rivas

Cuando Julio César Strassera expuso ante la Cámara Federal su alegato final en el Juicio a las Juntas, además de su recordado ‘señores jueces, nunca más’, afirmó que ‘Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.’

Y Strassera sabía de lo que hablaba y lo que se jugaba Argentina en 1985 cuando siguiendo las directivas del Presidente Alfonsín se sometió a juicio sumarísimo a las cúpulas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, porque lo que se debatía por aquel entonces era algo mucho más importante que el condenar a unos delincuentes que, habiéndose apoderado del control del Estado, había ideado y ejecutado un plan sistemático de eliminación de personas. Lo que Argentina tenía que resolver era dar un quiebre en su historia para que la democracia como método de gobierno se consolidara en el país y no volviera a haber, como denominaba Alfonsín, ‘una loca aventura golpista’.

Cinco días después de su asunción, el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó el Decreto Nº 158/83 que enviaba a juicio a los militares que habían sido amos y señores del terror en la Argentina durante siete años. Así entonces, el 28 de diciembre de 1983 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició el enjuiciamiento de algunos de sus camaradas, puesto que Alfonsín había dado la posibilidad de la autodepuración, pero a poco de andar quedó en claro que los jueces militares no tenían intención alguna de avanzar para dictar justicia.

Previendo lo que ocurriría, el Congreso Nacional sancionó el 13 de febrero de 1984 la reforma del Código de Justicia Militar estableciendo que la justicia militar sólo atendería delitos de tipo militar, en tanto que los restantes delitos, por más que hayan sido cometidos por militares, debían ser enjuiciados por la justicia civil. La misma ley, la 23049, estipuló que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal, y que ésta también podía hacerse cargo si se demoraba injustificadamente el enjuiciamiento.

Durante todo 1984 la Cámara Federal se dirigió en repetidas oportunidades al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas indicándole que avanzara con la investigación, pero era claro que no había intención alguna en hacerlo por parte de los militares, aunque apremiados por las presiones el 25 de septiembre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resolvió que ‘según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables’.​ Ya no quedaban dudas, más allá de la intención presidencial, los militares no juzgarían a los militares, por lo que el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y decidió enjuiciar a las cúpulas militares.

Así entonces el Tribunal compuesto por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio comenzó con la investigación de la llamada ‘Causa 13/84’, de eso hace ya 35 años.

El 22 de abril de 1985 comenzó una nueva era en la Argentina, por primera vez un gobierno civil enjuiciaba a los militares que, desde el Estado, habían delinquido, y lo hacía con la fuerza de la ley. No hay en el mundo ejemplo alguno de semejante ejercicio de autoridad de la ciudadanía, representada en el Juicio por los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, respecto a imponer la ley contra los más poderosos. Ni el caso de Nüremberg, ni el de los coroneles griegos, que solían ponerse como ejemplos son asimilables. Nunca antes un poder civil sometió a juicio a sus connacionales que habían usurpado el gobierno.

El resto es historia conocida, la Cámara Federal condenó a la mayoría de los acusados y el Presidente Menem indultó a todos los condenados.

Hace 35 años comenzaba una nueva historia, sirvan estas líneas como homenaje a todos quienes pusieron el hombro y el pecho para que la Argentina volviera a tener justicia.

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La nota fue publicada originalmente en el sitio El Príncipe del Manicomio:  https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/04/22/a-35-anos-de-la-bisagra-de-la-historia/