Por Valeria Ester Traverso* y Sebastián Martín Ré**

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), manifestó recientemente a través de su Secretaría Ejecutiva, Alicia Bárcena que las economías de la región tendrán efectos devastadores, aun mayores, distintos e intensos que las sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009; como consecuencia de la pandemia del COVID/19 que afecta al mundo entero y del que esta parte del globo no es ajeno.

En un comunicado de prensa del 19 de marzo del corriente año, la alta funcionara de las Naciones Unidas considero que esta crisis pasara a la historia como una de las peores que el mundo contemporáneo haya vivido. Es que la enfermedad afecta un bien público esencial y tutelado por todo Estado de Derecho, como es la salud humana y, cuando un eslabón de la cadena de la economía se debilita como es el caso de la oferta y la demanda, generada a partir de personas sedientas de satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, esto hace que se interrumpa la cadena de producción industrial (golpeando severamente al comercio mundial) y esto generara cuantiosas pérdidas de ingresos y de ganancias fruto de un aumento del desempleo y mayores impedimentos para que las empresas y los Estados honren sus deudas soberanas.

En este contexto, del que Argentina no esta exenta, es que se debe replantear la posición del país tanto en el mundo como internamente, y plantearse seriamente como se va a afrontar las consecuencias económicas, sociales y políticas que esto genera. Hace unos días, el Presidente de la República, el Dr Alberto Fernández ordenó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual fue consensuado por gran parte del arco político opositor, denominado “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio» el aislamiento para todas las personas que habitan en suelo argentino de manera obligatoria por el término de 11 días pudiendo ser prorrogable este plazo por el termino que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Todos deberán permanecer en sus residencias hasta nuevo aviso y abstenerse de concurrir a sus puestos de trabajo.Además, no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos.

Ante este escenario, es que ya se están empezando a hacer oír voces sobre que es lo que debe privilegiar el Estado Nacional. Todos sabemos que la salud humana es un derecho inalienable que debe ser garantizado por cualquier Estado de Derecho pero, como sabiamente lo expresa la Constitución Nacional y lo sostiene en varios fallos trascendentales la Corte Suprema ningún derecho es absoluto sino que cuando existe coalición de derechos se debe priorizar el bien común. A nuestro entender, el camino adoptado esta siendo el correcto pero no hay que descuidar que la gente también tiene necesidades básicas de las que Estado no se puede desatender. Tomar medidas para preservar la salud de la población es acertado, pero tan importante es también que el ciudadano cuente con ingresos suficientes generado a partir de su trabajo para poder satisfacer las mas elementales necesidades como comer y pagar los servicios básicos.

Concluimos con una frase de A Maslow “ es imposible la salud psicológica y física, a no ser que lo esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma».

*Estudiante avanzada de Lic. en Periodismo –UNDAV-

**Abogado especialista en Derecho Inmobiliario -UBA-

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